FOROS REGIONALES

Urgen ratificación del Acuerdo de Escazú tras X Foro Regional sobre Transformación de Conflictos en América Latina

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Ciudad de México, 04 de diciembre de 2018.- El X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina realizado el pasado 28 y 29 de noviembre en las instalaciones del CIDE, delineó la relación de transparencia y rendición de cuentas con conflictividad socioambiental, sus retos y posibles líneas de acción. En reunión de balance, los organizadores del Foro concluyeron que, desde distintas miradas, se evidenció que el acceso a información confiable y oportuna es una condición necesaria para hacer valer los derechos de quienes se ven afectados por la conflictividad socioambiental y para reducir las asimetrías de poder que subyacen al diálogo entre cosmovisiones y modelos de desarrollo. Tras este balance, los organizadores urgieron al Estado mexicano y a los demás de la región para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú y establezcan una hoja de ruta para su implementación, en colaboración la sociedad civil.

Desde su primera edición en 2005, el Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina se ha posicionado como un espacio de diálogo desde la diversidad de actores y cosmovisiones, que busca lograr una mejor comprensión de la conflictividad en la región y explorar vías para transformación efectiva de la misma, con un enfoque de derechos humanos.

A continuación se detallan algunos posicionamientos vertidos durante el Foro, que ilustran la importancia del Acuerdo de Escazú:

“La transparencia supone acceso a datos específicos respecto a un conflicto en específico a pesar de las asimetrías del poder” estableció Mauricio Merino, fundador de la Red de Rendición de Cuentas y un ejemplo de la vinculación de la academia con la práctica, desde el espacio ciudadano impulsor de las reformas de transparencia y anticorrupción. A menor transparencia mayor corrupción, definida como la “apropiación ilegítima de lo público por la vía de sometimiento u opacidad, que lleva a la ausencia de controles y contrapesos”, sentenció Merino.

Para José Luis Hernández, líder Otomí en San Francisco Xochicuautla, que luchó contra la construcción de una carretera que dañaba su bosque para posteriormente llegar a un acuerdo que ahora les garantiza recursos para cuidar ese mismo bosque, enfatizó la necesidad de buscar la forma para crear políticas de transparencia y rendición de cuentas de gobierno y empresas, como condición para “que se escuche la voz de pueblos originarios y comunidades indígenas se escuche... qué no pasen por encima de nuestros derechos."

Previo al cierre del Foro, representantes de cinco mesas de diálogo compartieron las conclusiones de sus mesas. Dentro la mesa “Estándares e iniciativas globales y regionales de rendición de cuentas en la transformación de conflictos socioambientales”. Álvaro Cálix, de la Fundación Friedrich Ebert aseguro que “no bastan mecanismos formales de transparencia sino están acompañados de herramientas desarrolladas en el marco del estado de derecho, instrumentos que se vean como piso, no como techo."

En tanto, Lucero Ibarra (CIDE), responsable de presentar la mesa denominada “Litigio estratégico, resistencias e iniciativas anti-impunidad para la rendición de cuentas y la transformación de conflictos socioambientales” resumió algunos retos que enfrentan las comunidades para acceder a una representación legal de calidad y reflexionó los problemas en el acceso a la información ante la desconfianza hacia el gobierno y la empresa en un ambiente de criminalización constante, “lo rescatable es retomar a las comunidades como fuente de datos importantes."

En el resumen de la mesa “Transparencia, rendición de cuentas y diálogo en el reparto de beneficios”, a cargo de Angélica France de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se enfatizó la necesidad de una “búsqueda de beneficios compartidos desde una mirada de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo no inhiben los judiciales” y agregó que el reto principal consiste en acercar la información a la comunidad.

La mesa cuatro abordó los “Observatorios ciudadanos y mecanismos de monitoreo y seguimiento de acuerdos en los procesos de diálogo, mediación y participación comunitaria”, expuesta por Marianela Curi, Directora Ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano quien resaltó la urgente necesidad de formar actores quienes tengan a la mano información, “líderes empoderados que incidan en políticas públicas”.

En la última mesa: “Mecanismos de queja y reparación del daño a comunidades afectadas” Victoria Matamoro de la Fundación Cambio Democrático resumió uno de los puntos centrales del Foro: “a mayor transparencia hay más y mejor acceso a la justicia” y para lograrlo es necesario lograr cierta compatibilidad en los tratados internacionales con las legislaciones locales para tener un marco de referencia.

En el marco de la clausura oficial Mara Hernández, Coordinadora del Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (ProDiálogo) de la División de Estudios Jurídicos del CIDE enfatizó que “pese a la diversidad de perspectivas, intereses y cosmovisiones, los participantes de este Foro coinciden en la importancia de que se respeten los derechos de todos. Esto es importante porque sí se respetan los derechos de todas las personas -entre ellos el de acceso a información- tendremos la oportunidad de decidir, en un plano de igualdad y con base en el diálogo, qué visiones de desarrollo queremos en nuestras comunidades”.

En el resumen de la mesa “Transparencia, rendición de cuentas y diálogo en el reparto de beneficios”, a cargo de Angélica France de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se enfatizó la necesidad de una “búsqueda de beneficios compartidos desde una mirada de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo no inhiben los judiciales” y agregó que el reto principal consiste en acercar la información a la comunidad.

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