El 2020 ha sido, sin duda, un año de cambios y conflictos que plantean un escenario crítico e incierto, ya que a nivel global han convergido múltiples crisis derivadas principalmente de los modelos de desarrollo imperantes, los cuales han incrementado la fragilidad social y las brechas de inequidad. Si bien, ya han pasado varios meses desde que la pandemia de COVID-19 surgió como problemática, los gobiernos no han logrado dar respuesta a las profundas necesidades sociales de la población, y, en algunas regiones como Latinoamérica y el Caribe, la crisis se ha visto exacerbada por el debilitamiento de los sistemas democráticos y la constante vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza.

La Mesa Técnica de Género y Cambio Climático, - un espacio interinstitucional auto convocado para promover la igualdad de género en la gestión del cambio climático, mediante el impulso de políticas públicas inclusivas y transformadoras. Ante la evidencia de cómo la pandemia por el COVID 19 ha exacerbado las desigualdades en poblaciones vulnerables y de atención priori- taria de zonas rurales y urbanas que ya enfrentaban los efectos del cambio climático, NOS COMPROMETEMOS Y HACEMOS UN LLAMADO A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LA SOCIE- DAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO, para que en las respuestas ante la pandemia se emprendan acciones integrales que consideren a las poblaciones en situación de pobreza extrema, de manera especial a mujeres y niñas que son las más afectadas con los impactos de problemas ambientales, climáticos, económicos, de salud y de la violencia como los que se viven en la actualidad.

El derecho fundamental a un medio ambiente sano sólo será posible en la medida en que se garanticen derechos procedimentales como son el acceso a la información, la participación y la justicia, pilares del gobierno abierto, la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Hoy, con el paso dado por México, América Latina y el Caribe se encuentra un paso más cerca de materializar la garantía de estos derechos con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú a dos años de su adopción.